En concreto, el proyecto de ley aprobado este martes, impulsado por el Ministerio de Igualdad, busca garantizar el aborto en la Sanidad Pública, permite la interrupción del embarazo a menores a partir de los 16 años, elimina los tres días obligatorios de reflexión e incluye una baja incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo, además de un servicios de asistencia y acompañamiento integral y especializada.
Además, garantiza la objeción de conciencia, que se regula del mismo modo que en la Ley de Eutanasia para garantizar que siempre habrá personal disponible para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Del mismo modo, la norma recoge que quien se declare objetor, será de aplicación en la sanidad pública y privada.
Entre las medidas de esta norma que los centros de salud vayan a distribuir la píldora del día después de forma gratuita y en centros servicios de salud sexual y reproductiva.
Del mismo modo, el texto recoge también que las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social y se promoverán los métodos de anticoncepción masculina, para que no sea solo una responsabilidad de las mujeres. También se recoge el reparto de forma gratuita de métodos anticonceptivos en centros educativos vinculado a campañas sobre educación sexual.
Esta ley dedica también un apartado a los derechos relativos a la salud menstrual de las mujeres en todas las etapas de la vida que incluye, además de la ya anunciada baja específica para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes, que en los institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos o centros sociales, se repartan gratuitamente productos de salud menstrual, como tampones, compresas o copa menstrual con el objetivo de acabar con la pobreza menstrual.