«Una economía sólida podría no ser suficiente para influir en el resultado de las elecciones en España», defienden los analistas de ING en un reciente informe, en el que precisamente ponen el acento en el hecho de que el «fuerte» crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español «se traduce en beneficios más limitados por persona».
Según explican estos expertos, la economía española «presenta un panorama notablemente contradictorio». Concretamente, aunque «España sigue siendo una de las economías con mejor desempeño de la zona euro, esto no se ha traducido en una ventaja en las encuestas para el Partido Socialista de Pedro Sánchez», que encabeza el actual Gobierno central.
Y no lo ha hecho porque los españoles no notan en su día a día esa mejora del crecimiento. «Las cifras más recientes reflejan esta tensión», detallan los estrategas de ING, que recuerdan que el PIB creció un 0,6% intertrimestral en el tercer trimestre y un 2,7% en comparación con el año anterior. «Por tanto, el crecimiento se ralentizó solo ligeramente respecto al trimestre anterior y se mantuvo muy por encima del ritmo registrado en la mayoría de las grandes economías de la zona euro», dicen.
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Pero los datos del mercado laboral son «menos favorables». La tasa de desempleo aumentó del 9,87% al 10,18% en el tercer trimestre, y aunque el empleo creció en 73.600 personas, la población activa aumentó en 169.500, lo que dejó a 95.900 personas en situación de desempleo.
Y, además, la inflación también «contribuye a este panorama contradictorio», y es que el Índice de Precios al Consumo (IPC) se mantuvo en el 4,9% en octubre. Por su parte, las ventas minoristas cayeron un 1,4% interanual en septiembre, tras un descenso revisado del 0,5% en agosto, «lo que se suma a los indicios de que la demanda de los consumidores se ha debilitado».
En definitiva, hay un «crecimiento sólido», pero también una «mejora menos convincente por habitante», destacan los analistas de ING. Tal y como explican, «el buen desempeño económico de España resulta más convincente a nivel agregado que a nivel de los hogares», porque el crecimiento demográfico ha impulsado el empleo, el consumo y el PIB general, y sin embargo eso «también implica que la producción por habitante aumenta a un ritmo más lento».
«Este crecimiento poblacional ha sido impulsado en gran medida por la inmigración, un tema que ha cobrado relevancia en la campaña electoral, especialmente para Vox», comentan estos expertos, que dicen que esto, sumado a un «crecimiento moderado» de la productividad, «limita la mejora en el nivel de vida promedio».
«Al mismo tiempo, la inflación y el rápido aumento de los costes de la vivienda siguen lastrando el poder adquisitivo de los hogares», añaden desde el banco holandés. Por ello, apuntan que «para muchas familias, el sólido crecimiento económico general de España contrasta con una mejora más limitada en su situación económica cotidiana«.
Y esto, añaden, «ayuda a explicar por qué el Gobierno está obteniendo un rédito electoral relativamente escaso a pesar del buen desempeño macroeconómico del país». «Los socialistas intentan plantear estos comicios como una elección entre una mayor protección social y una oposición que bloqueó medidas destinadas a abordar la crisis de la vivienda», comentan desde ING.
Una estrategia que ven «arriesgada», teniendo en cuenta que las encuestas más recientes sitúan al Partido Popular por delante de los socialistas y apuntan que, junto a Vox, podrían alcanzar la mayoría en el Congreso, que cuenta con 350 escaños.
IMPACTO LIMITADO
No obstante, en ING consideran también que, sea cual sea el resultado electoral, la influencia del 29N en la economía española será limitada. «Es poco probable que el resultado electoral altere de forma drástica la dinámica económica de España a corto plazo», aseguran los expertos del banco holandés.
Como dicen, «aunque los partidos discrepan en cuestiones como la vivienda, la fiscalidad, la regulación del mercado laboral y el gasto público, la campaña no se ha centrado, hasta ahora, en una reforma integral de la política económica«. Sin olvidar que «es probable que cualquier nuevo Gobierno dependa de socios de coalición o de un respaldo parlamentario más amplio, lo que significa que las propuestas de campaña podrían verse moderadas, renegociadas o pospuestas».
Incluso, remarcan, «en el caso de que se acuerden cambios políticos significativos, estos tardarían tiempo en repercutir en la actividad económica».
Por eso creen que las perspectivas económicas a corto plazo «dependerán más del impacto de la crisis energética y del endurecimiento de la política monetaria» que del resultado electoral que arrojen las urnas el 29 de noviembre.
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Por otra parte, indican que el impulso a la inversión derivado del Plan de Recuperación y Resiliencia «debería atenuarse gradualmente, dado que dicho plan ha concluido formalmente». Sin embargo, «las consecuencias de las elecciones a medio plazo podrían ser más relevantes».
En este sentido, desde ING explican que «una mayoría parlamentaria estable facilitaría la aprobación de presupuestos y reformas, mientras que un Parlamento fragmentado podría prolongar las dificultades legislativas que España ha experimentado recientemente».
EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA
Como comentan desde ING, el problema de la vivienda fue el «detonante» del adelanto electoral, ante el fracaso de los dos decretos que promulgó el Gobierno de Sánchez para atajar esta crisis, ya que incluían una mayor protección frente a los desahucios, la prórroga de contratos de alquiler próximos a vencer y una regulación más estricta de los alquileres temporales, pero que no encontraron el apoyo suficiente en el Congreso para salir adelante.
Hoy por hoy, la vivienda «sigue siendo uno de los desafíos económicos y sociales más urgentes de España», afirman estos expertos, aunque por ahora la campaña se ha centrado menos en los detalles de la política de vivienda que en controversias políticas más amplias, como la migración y cuestiones relativas a la credibilidad del Ejecutivo central.
«Aun así, los principales bloques políticos ofrecen respuestas claramente distintas ante la escasez de vivienda. Los socialistas y los partidos situados más a la izquierda han hecho hincapié, por lo general, en la limitación de los alquileres, la prolongación de los contratos, la protección frente a los desahucios y el apoyo público a la vivienda asequible», unas medidas que en su opinión «pueden proporcionar una mayor seguridad a los inquilinos actuales, pero no aumentan directamente el número de viviendas disponibles».
El Partido Popular, por su parte, «pone un mayor énfasis en ampliar la oferta y facilitar el acceso a la propiedad». De hecho, el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a que, si el PP encabeza el nuevo Gobierno, promoverá la construcción de un millón de viviendas durante la próxima legislatura. Asimismo, ha prometido una nueva Ley del Suelo en los primeros 100 días de mandato, la agilización de los trámites administrativos y una mayor cooperación con las autoridades regionales y municipales para poner más suelo a disposición del desarrollo urbanístico.
El partido ha propuesto, además, garantías hipotecarias que cubran hasta el 100% del precio de compra de una primera vivienda, así como una reducción del 60% en el IVA y en el impuesto de transmisiones patrimoniales para los compradores menores de 40 años. «Estas medidas podrían rebajar la barrera inicial para acceder a la propiedad, pero fomentar el poder adquisitivo sin una respuesta de la oferta lo suficientemente amplia podría, a su vez, intensificar la presión sobre los precios«, destaca ING.
Sobre todo, porque «la escasez subyacente es considerable». Cabe recordar que entre 2021 y 2025 el número de hogares en España aumentó en aproximadamente 1,22 millones, mientras que solo se terminaron unas 466.000 viviendas. Y en el segundo trimestre de 2026, los precios de la vivienda seguían registrando un incremento interanual del 12,2%.