La medida ha salido adelante gracias a los apoyos de los socios parlamentarios del Gobierno, ERC, Bildu y PNV, así como Coalición Canaria, el BNG y la CUP, y ha contado con la negativa de PP, Vox y Ciudadanos, que han votado en contra.
El PP ha mostrado su oposición a la medida y ha criticado al gobierno señalando que “el PSOE ha emprendido un viaje a ninguna parte, a la irracionalidad fiscal”, ha apuntado Mario Garcés, diputado del PP. “El único beneficio caído del cielo son los 22.000 millones de euros que le han tocado a ustedes”, ha indicado.
Desde Vox, su portavoz Iván Espinosa de los Monteros ha afirmado que la propuesta “planea sobre lo inconstitucional, daña la imagen de España y compromete la inversión y el empleo”.
María Martínez, de Ciudadanos, ha asegurado que estos impuestos adolecen de “sectarismo” y que debería “haberse calculado sobre los beneficios”. “No vamos a colaborar en esto”.
PNV y Bildu han apoyado su tramitación, pero han exigido un acuerdo para su aplicación en el País Vasco y Navarra, advirtiendo de que de lo contrario tumbarán el impuesto por la vía legal. «O hay concertación foral o nos opondremos con todos los medios a nuestro alcance», han avisado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la medida durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Nación como parte del plan económico para afrontar los costes derivados de la crisis energética y de precios, derivada de la invasión rusa de Ucrania.
Fue en julio cuando el Gobierno presentó su plan para imponer un impuesto temporal del 4,8% a los intereses y las comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros, y otro del 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año.
La idea es recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023 y la previsión es que estarán en vigor en 2023 y 2024 para las energéticas. En cuanto a la banca, tendrá una duración de dos años y se aplicará sobre los ejercicios 2022 y 2023 y pretende recaudar 1.500 millones cada año.