Bajo la batuta de Asufin, la sesión ha tratado de situar qué clase de activos caerán finalmente bajo el paraguas de esta normativa y qué novedades implica para los proveedores de servicios de criptomonedas. Además de armonizar las reglas del juego para las empresas del sector, con normas claras, «ofrece un nivel de protección relevante al inversor», ha subrayado Francisco del Olmo, subdirector fintech y ciberseguridad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, aporta «medidas de transparencia, protección, reglas del juego, marco de supervisión, canales de denuncia…» y un etcétera que hace desear al supervisor de los mercados su entrada en vigor inmediata. No obstante, la UE se tomará su tiempo. Pese a haber alcanzado a inicios de julio un acuerdo a tres bandas entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo europeos sobre el texto, Del Olmo ha adelantado que se están produciendo modificaciones sobre qué tipo de activos criptográficos cubrirá la normativa, por lo que no se muestra optimista con el calendario de MiCA.
Baraja las previsiones de que la directiva entre en vigor entre finales de este año y el primer trimestre de 2023, lo que deja 18 meses a los estados miembros para adaptarla en casi todos sus puntos, excepto el que se refiere a monedas estables, que se aplicará inmediatamente.
Auguran los expertos que en cuanto se apruebe, tocará empezar a trabajar en MiCA II y MiCA III, ya que quedan numerosos aspectos a desarrollar. «Las DAOS (siglas en inglés de Organización Autónoma Descentralizada) se quedan fuera, así como los NFT (del inglés tokens no fungibles)», lamenta Alfredo Muñoz, profesor de derecho mercantil en la UCM. «No se abordarán las DeFi (del inglés Finanzas Descentralizadas) ni los retos que traerán los metaversos», agrega por su parte Del Olmo.
En general, se considera que la normativa es un primer paso y por ello se muestran críticos los expertos con los tempos. «El primer texto de consenso debería haberse aprobado hace tiempo y haber seguido trabajando en diferentes versiones», reivindican, ya que la industria critpográfica «va tan rápido que no podemos ni imaginar qué va a ser necesario regular en cuanto MiCA entre en vigor», exclama Cristina Carrascosa, CEO de ATH21. Por lo que junto a Muñoz juzgan que «nace desfasado y debería haber salido antes».