En su forma actual, el texto establece que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), que se encargaría de supervisar los tokens que sean considerados valores, y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), que sería la encargada de vigilar materias primas descentralizadas como bitcoin. Igualmente, el proyecto de ley busca establecer normas claras de registro, manejo de fondos de clientes y transparencia para los mercados de intercambio de criptomonedas, así como de regular el acceso de los bancos y las instituciones financieras a la tecnología blockchain para gestionar pagos, préstamos y custodia de activos digitales.
Durante el último año, el Senado ha intentado aprobar el proyecto de ley después de que un proyecto similar saliese adelante en la Cámara de Representantes, pero se ha encontrado con un obstáculo tras otro: disputas entre los bancos y el sector cripto sobre las recompensas de las ‘stablecoins’, cómo abordar a los desarrolladores de software y los procesos judiciales, y las cuestiones éticas relacionadas, principalmente, con el presidente Donald Trump.
El texto de los republicanos establecía que los requisitos éticos se aplicarían a los cargos o empleados públicos; a quienes hayan sido elegidos para ocupar la presidencia, la vicepresidencia o un escaño en el Congreso; y a sus cónyuges. Sin embargo, el proyecto no establece límites para otros miembros de la familia, como los hijos de un funcionario, medida que quisieron incorporar los demócratas. Finalmente, no hubo acuerdo.
El senador Ruben Gallego, demócrata por Arizona, dijo que no apoyaría una legislación que beneficiara a Trump. «Esta legislación fracasó precisamente porque los republicanos se niegan a decirle que no al presidente. Se necesitan 60 votos para aprobar un proyecto de ley y, en lugar de dedicar su tiempo a retorcerse para complacer al presidente Trump, los republicanos deberían haber trabajado más estrechamente para elaborar un proyecto que pudiera aprobarse con sólidas disposiciones éticas», explicó en un comunicado.
Pese a ello, Gallego unió su firma a la de otros seis senadores demócratas para asegurar en un comunicado conjunto que la fallida votación «ha supuesto un revés, pero no es el final de este importante trabajo». Catherine Cortez Masto, demócrata por Nevada y otra de las firmantes, indicó que también se necesitarían cambios para no debilitar la capacidad de las fuerzas del orden para perseguir a actores ilícitos del sector. Desde el Partido Republicano también se resisten a dar por perdida la batalla. Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, aseguró que este «no era el final» de la CLARITY Act, poniendo en valor los «importantes avances bipartidistas» logrados por ambos partidos. No obstante, otros no son tan optimistas: ‘The Block’ revela que un asesor republicano del Senado habría reconocido de forma confidencial que el proyecto de ley está muerto.
Uno de los principales motivos para pensarlo es el poco tiempo disponible para que salga adelante. La Cámara de Representantes solo tenía previstos cuatro días de votación en septiembre antes de abandonar Washington el 17 de septiembre, y el Senado también dispone de un calendario muy limitado antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Además, si el Senado aprobara una versión de la CLARITY Act diferente de la que ya aprobó la Cámara, esta tendría que aceptar los cambios o ambas cámaras tendrían que acordar un texto común antes de que el proyecto pudiera llegar al presidente para su firma. A ello se suma que los líderes de la Cámara cancelaron las semanas de votación del 21 y el 28 de septiembre, eliminando ocho jornadas legislativas y reduciendo todavía más la ventana disponible antes de las elecciones.
No obstante, todavía existe una posible vía después de las elecciones. El Congreso puede entrar en el período conocido como ‘lame duck’, el periodo comprendido entre las elecciones de noviembre y el comienzo del nuevo Congreso en enero. Durante estas sesiones, los legisladores pueden abordar asuntos pendientes y, en ocasiones, alcanzar acuerdos de última hora para aprobar legislación. Sin embargo, el resultado de las elecciones y los cambios en la composición del Congreso pueden alterar las posibilidades de cualquier proyecto pendiente.
FOCO EN LOS REGULADORES
Por todo ello, la atención del sector de las criptomonedas se ha trasladado prácticamente por completo a los reguladores. Así lo indica Bernstein, cuyo equipo de analistas cree que ambos organismos optarán por promulgar una «regulación específica» de forma «agresiva y rápida» para compensar el tiempo dedicado a negociar la legislación en el Congreso.
Estos expertos también esperan que la SEC y la CFTC aborden cuestiones como la clasificación de los tokens cripto nativos, las protecciones para las finanzas descentralizadas (DeFi) y la infraestructura de autocustodia, así como las normas que regulan la tokenización de acciones. También consideran posible una aprobación más rápida de los futuros perpetuos sobre activos del mundo real, además de una coordinación entre ambos organismos respecto a los contratos perpetuos sobre acciones individuales.
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Asimismo, Bernstein también señala que la no aprobación de la CLARITY Act deja sin cambios el marco de las recompensas de las ‘stablecoins‘, que seguirán reguladas por la GENIUS Act. La CLARITY Act habría prohibido ofrecer recompensas por saldos de ‘stablecoins’ inactivos y las habría vinculado a la actividad de los clientes, por lo que plataformas como Coinbase pueden seguir ofreciendo recompensas sobre saldos inactivos.
StoneX recuerda que la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) también han propuesto normas que podrían presumir que un emisor infringe la prohibición de la GENIUS Act sobre los rendimientos pagados por los emisores si este remunera a una empresa afiliada que posteriormente recompensa a los titulares de ‘stablecoins’. Según los analistas, la cuestión podría terminar finalmente en los tribunales una vez que la GENIUS entre en vigor en enero de 2027.
Por su parte, los expertos de JP Morgan opinan que la ley «no está completamente muerta», pero sí da prácticamente por hecho que habrá que esperar al año que viene para que se apruebe. «Cabe recordar que la GENIUS Act (ahora ley) también fracasó en su primera votación, por lo que existe un precedente en los procedimientos legislativos relacionados con las criptomonedas», apuntan estos expertos, al tiempo que destacan que algunos de los principales defensores del proyecto han mostrado frustración por las negociaciones y podrían estar menos dispuestos a continuar debatiendo enmiendas o a presionar para conseguir más tiempo en el Senado.
«Aunque la elaboración de normas por parte de los organismos reguladores puede establecer ciertas salvaguardas para satisfacer al ecosistema cripto e infundir cierta confianza en los flujos incrementales de capital, reconocemos que las normas de los organismos son menos duraderas que las leyes aprobadas por el Congreso, ya que el propio organismo puede derogar o modificar sus normas durante administraciones posteriores y estas son vulnerables a los tribunales, mientras que derogar una ley exigiría otra ley del Congreso», añaden.
De hecho, la SEC publicó este jueves su esperada «exención para la innovación», la cual permitirá a los mercados de capitales estadounidenses la negociación ‘onchain’ de acciones tokenizadas. Según la SEC, estas empresas dispondrán de una «exención condicional» de cinco años para que determinadas plataformas de negociación, denominadas plataformas de valores tokenizados, no sean consideradas «bolsas» a efectos regulatorios. También eximiría a determinados proveedores de liquidez de ser considerados ‘dealers’ (intermediarios o operadores de valores sujetos a regulación) cuando negocien acciones o proporcionen liquidez mediante creadores de mercado automatizados (AMM), es decir, mediante contratos inteligentes.
Asimismo, el presidente de la SEC, Paul Atkins, y el presidente de la CFTC, Michael Selig, publicaron el pasado miércoles sendos comunicados en los que afirmaron que tienen previsto seguir desarrollando normas para la industria de las criptomonedas. «Nuestra convicción colectiva de que Estados Unidos debe seguir liderando es indispensable», dijo Atkins. «Con o sin legislación, actuaremos con decisión dentro de las competencias legales de la SEC para proporcionar certidumbre a los inversores estadounidenses y a los emprendedores que están dando forma a nuestro futuro tecnológico. Estén atentos«.