Según informa ‘Bloomberg’, que dice haber tenido acceso a un borrador revisado, el Ejecutivo establecería un régimen transitorio de varios años para los operadores de centros de datos que no puedan cubrir con energías renovables el 80% de su consumo energético en cada hora del día. En concreto, los proyectos deberán cubrir con energía renovable el 60% de su demanda eléctrica durante las horas punta, conocidas como P1, hasta el 31 de diciembre de 2028. Este requisito aumentaría al 70% en 2029 y, posteriormente, al 80% en 2032.
La propuesta original, mucho más exigente, habría impuesto de inmediato un objetivo del 80% durante todo el día. Con la normativa revisada, los centros de datos también deberán elevar hasta el 60% la proporción de energía renovable durante las horas llano, los periodos de segunda mayor demanda eléctrica, conocidos también como P2.
Por otro lado, el borrador modificado también flexibiliza la exigencia de que la electricidad renovable proceda de instalaciones de generación de nueva construcción. Así, se ampliaría de 18 a 36 meses el margen la antigüedad exigida a estas plantas renovables. Las plantas solares quedarán exentas de este requisito, siempre que no rompan contratos a largo plazo (PPA) existentes.
La regulación se aplicará a todos los centros de datos con una potencia contratada superior a 10 megavatios (MW) que no se encuentren totalmente puestos en marcha al entrar en vigor la norma, dispongan o no de permisos de acceso y conexión concedidos por la red. También se exigirá la etiqueta europea ‘A’ en el consumo de agua (WUE).
Por su parte, ‘El País’ informa que estas modificaciones se han realizado tras tomar en cuenta más de 600 alegaciones presentadas por el sector y recibir el informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Transformación Digital han decidido mantener gran parte de las exigencias contenidas en el primer borrador del decreto.
Cabe recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió en una columna publicada en ‘Bloomberg’ este decreto y recientemente afirmó que los ‘data centers’ son un negocio «extractivo». Por su parte, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, aseguró a mediados de septiembre que buscaban un decreto «equilibrado» ante las críticas del sector, que advirtió que hay unos 9.000 millones de euros en inversiones en peligro si la ley no convence a los mercados.
El Gobierno afirma que las nuevas normas darán prioridad a los proyectos con mayores probabilidades de llegar a construirse, al tiempo que desincentivarán que las empresas acaparen la escasa capacidad disponible en la red eléctrica. También defiende que no está teniendo un trato discriminatorio con el sector, ya que «hay diferencias estructurales significativas» para establecer ciertas salvaguardas. Según recoge ‘El País’, el Ejecutivo destaca que los centros de datos apenas se ven afectados por el precio de la electricidad; que su capacidad reservada en la red eléctrica (12 GW) supera a cualquier otra actividad industrial; y que la demanda digital es potencialmente infinita.
VALORACIONES
Según los analistas de Banco Sabadell, esta noticia podría ser «negativa», ya que «parece que el nuevo texto no cambia sustancialmente aquellos aspectos más polémicos del texto original».
«El nuevo texto mantiene los criterios de adicionalidad y correlación horaria, por lo que aunque rebaja los umbrales de las restricciones la norma sigue siendo muy difícil de cumplir de manera económica. Desconocemos si el nuevo texto cambia las condiciones para los centros que estaban en un estado muy avanzado de desarrollo», explican estos expertos.
La entidad catalana cifra el impacto del Real Decreto en Merlin, cuyo negocio de centros de datos podría llegar a representar dos terceras partes de las rentas en 2032, como «incierto y difícil de valorar». «Nuestra impresión es que el impacto será negativo, pero no muy significativo porque Merlin tiene opcionalidad (desviar proyectos a Lisboa, donde cuenta con capacidad de sobra), puede implementar acciones correctoras en algunos proyectos (como instalar baterías en aquellos donde el autoconsumo ya es muy alto, aunque a un coste mayor) y recursos legales (pedir daños y perjuicios en el Tribunal Supremo si el RD no exime a los proyectos en un estado de avance considerable)», apuntan.
Para ACS, la principal exposición a España vendría por el negocio de promoción de centros de datos junto a GIP (no de construcción para terceros), donde cuenta con un proyecto de 50 MW en fase de construcción en Alcalá de Henares (Madrid) y 3 en fase «muy preliminar» (diseño y planificación urbana) con dos localizaciones en Zaragoza (300 y 400 MW) y una en Madrid (137 MW). De toda su plataforma de inversión en CDs España representaría cerca de un 50%, pero los proyectos más avanzados están en EEUU y Australia, por lo que es donde estarán concentradas el grueso de las inversiones.
En cuanto a Solaria, Sabadell destaca que afectaría a la monetización de sus permisos de conexión y la firma de nuevos PPA de largo plazo.