Junts anunció este jueves por la noche que votará en contra de los dos reales decretos-ley, complicando decisivamente su convalidación. El Pleno comienza a las 11:00 horas y debe pronunciarse sobre dos textos: uno con medidas para ampliar la oferta de vivienda asequible y reforzar la protección de los inquilinos y otro destinado a prolongar los contratos de alquiler de vivienda habitual más allá de su plazo mínimo.
El nuevo revés parlamentario que supondría para el Ejecutivo que ambos decretos fueran rechazados ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de unas elecciones generales anticipadas. Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidiera disolver ahora las Cortes y convocar inmediatamente los comicios, una de las fechas que se barajan es el 29 de noviembre. En ausencia de adelanto electoral, las elecciones deberían celebrarse como muy tarde en agosto de 2027.
Berkeley es especialmente sensible en bolsa a cualquier escenario que aumente las posibilidades de un cambio de Gobierno. La compañía lleva años enfrentada al Ejecutivo español por su proyecto para construir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca) y confía en que un eventual Ejecutivo con una política diferente hacia el proyecto pueda permitir su desbloqueo.
No es la primera vez que la minera reacciona con fuertes subidas a acontecimientos que incrementan la incertidumbre sobre la continuidad del actual Gobierno. El pasado mes de mayo, Berkeley llegó a acumular una revalorización cercana al 20% en apenas una semana coincidiendo con el agravamiento de la crisis política ante la imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La subida de este viernes se produce, además, después de tres sesiones consecutivas de fuertes descensos. Berkeley cayó un 4,23% el lunes, un 3,18% el martes y otro 4,38% este jueves, hasta cerrar en 0,262 euros. En esas tres jornadas acumula una caída cercana al 11,5%.
EL CONFLICTO POR RETORTILLO
El proyecto de Berkeley se remonta a la pasada década, cuando obtuvo permisos preliminares de exploración y una Declaración de Impacto Ambiental favorable de la Junta de Castilla y León para desarrollar la mina de uranio de Retortillo.
El punto de inflexión llegó en noviembre de 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica denegó la autorización para construir la planta de concentrados de uranio después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe desfavorable y vinculante.
El conflicto acabó trasladándose al terreno judicial internacional. Berkeley inició en 2022 el procedimiento de disputa al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía y posteriormente presentó una demanda de arbitraje contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La minera reclama una indemnización de 1.250 millones de dólares y sostiene que las decisiones adoptadas por España han vulnerado sus derechos como inversor. Al mismo tiempo, Berkeley ha reiterado que mantiene abierta la posibilidad de alcanzar una solución negociada.