En este escrito, Sánchez señala que «la experiencia internacional sugiere que, a medida que la industria de los centros de datos crece, surgen tensiones«, ya que «cada servicio en la nube y cada aplicación de IA dependen de una enorme infraestructura física que ocupa suelo, consume energía, utiliza agua y requiere inversiones cada vez mayores». El presidente español destaca que en Irlanda los centros de datos representaron el 21% del consumo eléctrico del país en 2023 y podrían alcanzar el 32% este año. También llama la atención sobre que en Estados Unidos se espera que su participación en la demanda eléctrica se triplique, pasando del 4% en 2023 a un 12% previsto para 2028.
Asimismo, el líder del Ejecutivo español llama la atención sobre otros «efectos locales no deseados», como lo que un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge denomina «efecto isla de calor», por el cual estas grandes instalaciones pueden elevar las temperaturas en las zonas circundantes. Ademças, un estudio reciente realizado por investigadores de Yale y de la Universidad de Chicago concluyó que la construcción de un nuevo centro de datos está asociada con un aumento de los precios de la vivienda en las zonas próximas.
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«No es de extrañar, por tanto, que esto sea motivo de creciente preocupación política y social. Una encuesta de Gallup reveló que el 71% de los estadounidenses se opone a la construcción de centros de datos en su comunidad local», destaca Sánchez, quien cree que, «ante estas realidades, la cuestión no es si necesitamos centros de datos –los necesitamos –, sino cómo se desarrollan. ¿Qué tipo de centros de datos necesitamos? ¿Y quién debe gobernar su expansión?».
Por ello, Sánchez defiende que es necesario «contar con reglas claras desde el principio», ya que esto permite distinguir «los proyectos responsables de los insostenibles, alinear los incentivos privados con los intereses públicos y garantizar que la inversión y el crecimiento vayan de la mano de la protección de los recursos esenciales y de las comunidades».
En este sentido, el presidente del Gobierno cree que la experiencia internacional es «ilustrativa», ya que Irlanda endureció sus normas solo después de que los centros de datos se convirtieran en una fuente importante de presión sobre la red eléctrica, mientras que el estado de Nueva York ha adoptado una moratoria temporal, al tiempo que numerosos proyectos se retrasan o cancelan a medida que se intensifica la oposición de los ciudadanos. «La lección no podría ser más clara: no planificar ni regular desde el principio acaba siendo más costoso y menos eficaz«, subraya Sánchez.
Con todo, el mandatario socialista considera que España «todavía está lejos» de enfrentarse a niveles de presión similares, pero también asegura que la «sólida» economía española y la capacidad nacional de generación de energía renovable «han despertado un enorme interés inversor» en la construcción de centros de datos, cuyas necesidades energéticas «están destinadas» a superar las previsiones.
Según Sánchez, las estimaciones actuales de demanda eléctrica asociada a la capacidad informática llegan hasta los 4 gigavatios en 2030, pero las solicitudes y los permisos concedidos para este tipo de instalaciones superan ese objetivo varias veces. «Aunque es poco probable que muchos de estos proyectos lleguen a materializarse, la rápida tendencia al alza es evidente. Nos estamos acercando a un punto de inflexión y debemos actuar para adelantarnos a la situación», afirma el presidente del Gobierno.
En este punto, Sánchez ha defendido el proyecto de marco regulatorio del Gobierno, el cual, dice, parte de un «principio sencillo»: el acceso a la red eléctrica es «un recurso estratégico escaso» y que «no debería verse bloqueado por proyectos que carezcan de credibilidad, viabilidad o una contribución significativa» a la economía y a la sociedad. Los proyectos de centro de datos en tramitación tendrán seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos y acreditar su cumplimiento –tres meses si están a la espera de la celebración de un concurso de acceso a la red eléctrica– o renunciar a los derechos de acceso y conexión sin que se ejecuten las correspondientes garantías.
«Nuestra propuesta introduce estándares de eficiencia energética e hídrica. Los centros de datos tendrán que comunicar indicadores clave de rendimiento, lo que permitirá evaluar y comparar su utilización de recursos y desincentivar el despilfarro», añade.
Cualquier aumento de la demanda eléctrica deberá ir acompañado también de una mayor capacidad de generación renovable, además de exigir que los grandes nuevos consumidores contribuyan a catalizar la inversión en la transición energética. En concreto, una de las principales medidas es exigir que los centros de datos cubran al menos el 80% de su consumo eléctrico, hora a hora, con nueva generación renovable, bien mediante instalaciones propias bien a través de un proveedor, hasta que la generación renovable se sitúe por encima del 90% del ‘mix’ eléctrico. «La lógica es tanto económica como medioambiental», subraya.
Asimismo, Sánchez asegura que la regulación reconoce también que los centros de datos constituyen un activo estratégico, ya que Europa sigue dependiendo en gran medida de capacidades digitales no europeas. Así, el mandatario defiende que el marco regulatorio propuesto «combina salvaguardas sobre cómo se controlan los datos —y cómo se gestiona la infraestructura— con incentivos destinados a ampliar el sector tecnológico europeo y reforzar la soberanía del continente».
«Nuestro objetivo debe ser comerciar con bytes, no con vatios. España quiere aprovechar plenamente las oportunidades que generan los centros de datos y la IA. Sin embargo, el reto consiste en garantizar que la infraestructura se expanda en consonancia con la capacidad del sistema eléctrico, que los valiosos recursos energéticos se destinen a proyectos útiles y que todo ello haga que Europa sea menos dependiente desde el punto de vista tecnológico. El objetivo no es frenar el crecimiento ni limitar la innovación. Todo lo contrario: se trata de garantizar que ambos sigan siendo económicamente sostenibles y justos desde el punto de vista medioambiental y social. Los países que comprendan esto serán los que estén mejor posicionados para liderar la próxima fase de la economía digital», sentencia.
NEGOCIACIÓN Y CRÍTICAS
El escrito de Sánchez llega días después de que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, asegurase que el objetivo es alcanzar una regulación «equilibrada», aunque ha dejado claro que el Ejecutivo mantendrá sus exigencias en materia de sostenibilidad y soberanía digital.
«Estamos hablando con el sector para que ese decreto sea equilibrado», afirmó López en una entrevista este lunes TVE, donde defendió que España debe aprovechar su posición para atraer centros de datos, pero evitando que su fuerte consumo energético termine repercutiendo sobre el conjunto de los consumidores.
Por su parte, el sector ha sido muy crítico con los primeros bocetos del proyecto. SpainDC explicitó el pasado viernes su rechazo y advirtió que hay en juego unos 9.000 millones de euros en inversiones que se paralizarían si el texto sale adelante. El Informe Anual del sector cifra en 66.900 millones de euros la inversión directa e indirecta acumulada hasta 2030. Sin embargo, con este nuevo planteamiento legal estaría en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino.
En este sentido, López denunció que alrededor del desarrollo de los centros de datos se ha producido un fenómeno de «especulación», ligado a las solicitudes de acceso a la red eléctrica.