El Ministerio de Economía dispone de 15 días hábiles para decidir si aprueba directamente la operación o la eleva al Consejo de Ministros. Previsiblemente ocurrirá lo segundo, dado que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha opuesto desde el inicio a la OPA. En ese caso, la oferta entrará en la Fase 3 y el Consejo de Ministros contará con un plazo adicional de 30 días naturales para revisar la operación atendiendo a criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia.
Una vez superado este filtro gubernamental, BBVA necesita obtener la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para el folleto definitivo de la oferta. La entidad deberá presentar un folleto actualizado que incluya el impacto financiero estimado de la operación, dirigido a los accionistas de Sabadell.
Superadas estas etapas, se abrirá el periodo de aceptación de la OPA por parte de los accionistas. La normativa española establece que este proceso debe durar entre 15 y 70 días naturales, aunque en este caso el mínimo será de 30 días por estar también sujeta a regulación de la SEC dado que BBVA cotiza en mercados estadounidenses. La oferta será válida si logra el respaldo de al menos el 50% más una acción del capital con derecho a voto, excluyendo las acciones en autocartera.
Si se alcanza este umbral, BBVA tomará el control del Consejo de Administración de Sabadell y podrá iniciar los trámites para una fusión legal entre ambas entidades. Este paso también requerirá autorización por parte del Gobierno. Aunque la posibilidad de un veto es baja, no puede descartarse por completo. En ese escenario, BBVA y Sabadell seguirían operando como entidades separadas, aunque bajo un mismo grupo.
A pesar de esa incertidumbre, BBVA estima que podría capturar la mayoría de las sinergias previstas —especialmente en el ámbito tecnológico— incluso si la fusión jurídica no se materializa.