En este sentido, Aena dice que ha desplegado una «intensa labor de advocacy» y que ha transmitido en todo momento a las administraciones públicas competentes «la fortaleza y las ventajas del vigente sistema aeroportuario español; la importancia de la gestión integrada de la red de aeropuertos —fundamental para el buen funcionamiento de la economía española—; los derechos legales que asisten a sus accionistas (públicos y privados), y, sobre todo, la especial y sólida protección que el marco legal y constitucional vigente y la estructura accionarial de Aena proporcionan al sistema aeroportuario y a la sociedad (que, en todo caso, han de ser respetados)».
Además, ha indicado que «perseverará» en su labor de seguimiento de las novedades y, en su caso, «si fuera preciso, adoptará las decisiones necesarias» en defensa de la aplicación de la legalidad vigente, del interés societario de Aena y de los derechos de la sociedad y de todos sus accionistas (públicos y privados).
De hecho, Aena ha dejado claro que realiza un seguimiento «atento, constante y pormenorizado» de las decisiones que pudieran adoptarse en relación con los aeropuertos que son propiedad de la compañía, para analizar sus eventuales efectos en la sociedad.