Según se ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ayuda será de 15 céntimos por litro durante el julio, de 10 céntimos en agosto y de 5 céntimos en septiembre, con lo que queda fijada para octubre su desaparición final.
«Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares». «Se irá adaptando para que los consumidores no noten un salto», ha señalado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacando que se introduce, no obstante, una cláusula de reactivación en el caso de que el precio de los carburantes volviese a subir.
«Si el conflicto se recrudece, los precios vuelven a dispararse, la ayuda para hogares subiría directamente a 20 céntimos», ha aclarado.
Mientras, dado que «los precios de la energía seguirán por encima de los niveles pre-guerra durante un tiempo», el Gobierno sí que ha decidido extender algunos puntos de las medidas desplegadas desde marzo. Es el caso del alivio en el carburante a los profesionales en el caso del sector primario y del sector del transporte.
Además, la extensión del real decreto-ley de medidas anticrisis elimina definitivamente la bonificación fiscal a la electricidad y el gas.
«Lanzamos ya una señal estructural de desaparición del impuesto sobre la producción que nos demandaban los sectores. Es una medida costosa presupuestariamente pero creemos que es el momento adecuado para seguir reforzando esta señal de electrificación en nuestra economía», ha expresado Cuerpo.
Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha explicado que se trata de una eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica gradual en 18 meses, de manera que pasará del 7% en 2026 al entorno del 5% en los dos trimestres que quedan de año, al 3,5% en 2027 para desaparecer en 2028.
Según el vicepresidente económico, las medidas aprobadas este lunes suponen un alivio fiscal adicional de unos 1.825 millones de euros. A esta cantidad se suman 2.700 millones por eliminar el impuesto a la producción de energía.
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